Mejores condiciones para investigaciones eficaces, responsabilidad del Estado y formación en Derechos Humanos en todas las escuelas de formación policial del país, fueron algunos de los puntos resolutivos propuestos por las y los participantes de esta mesa de trabajo.
En coordinación con el Comando General y la Dirección de Derechos Humanos de la Policía Boliviana, el 8 de diciembre se realizó un encuentro en el que el ITEI presentó el proyecto de Ley Integral para prevenir, investigar, sancionar y reparar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, abriendo un espacio de reflexión y debate sobre sus implicaciones y desafíos.
Para contextualizar el motivo del encuentro, Carla Achá, responsable de formación del ITEI, recordó que la aprobación de esta ley es una de las recomendaciones centrales del Examen Periódico Universal al Estado boliviano, y que sus compromisos se remontan a 1999, cuando Bolivia ratificó la Convención Contra la Tortura.
Aunque el proyecto de ley fue presentado a la Asamblea Legislativa en 2023 y llegó a ser aprobado por la Cámara de Senadores y luego por la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, su aprobación final fue aplazada por la transición de mando.
Posteriormente, Emma Bolshia Bravo Cladera, Directora ejecutiva del ITEI, presentó datos estadísticos, testimonios y hechos documentados por el ITEI, ofreciendo un mapeo de la tortura en Bolivia y evidenciando que esta práctica persiste en el país.
A partir de esta exposición, Carlos Zárate —miembro del equipo de la Coalición Ciudadana contra la Tortura, junto a la cual el ITEI trabajó en la construcción del proyecto de ley— presentó y analizó cada uno de sus artículos.
El nivel de detalle con el que se revisaron los alcances del proyecto abrió un espacio de diálogo para que las y los participantes, provenientes de distintos ámbitos de la Policía Boliviana, expresaran sus inquietudes. Entre ellas destacaron la necesidad de contar con mejores condiciones materiales para realizar investigaciones más eficaces, así como la incorporación de mecanismos adicionales de vigilancia —como bodycams— que permitan identificar a funcionarios que incurran en estos actos.
Aunque estas propuestas están sobre la mesa, el desafío central sigue siendo que el Estado, tanto en su nivel central como en los gobiernos autónomos, asuma la responsabilidad de proveer los recursos necesarios.
Asimismo, las y los participantes señalaron la importancia de que todas las instituciones sean corresponsables en la construcción de un país libre de tortura, subrayando la necesidad de fortalecer la formación en Derechos Humanos en todos los Centros de Formación Policial, compromiso que reiteraron durante la sesión.
Este tema, que genera una tensión necesaria para repensar las estrategias que permitan operativizar el proyecto de ley, abre un debate que a menudo deriva en juicios morales: la idea de que tortura quien es una “mala persona”. Sin embargo, décadas de estudios han demostrado que los mecanismos de la tortura constituyen un saber que se transmite, sobre todo, en instituciones con un sustrato ideológico basado en un modelo represivo y punitivo como el único posible, y donde la obediencia es un valor irrenunciable. Por ello no es casual que estas prácticas sean más frecuentes en instituciones como la Policía y las Fuerzas Armadas.
Como recordó Emma Bolshia Bravo Cladera durante el evento: “No tortura quien es mala persona; puede torturar cualquier persona que es capacitada para hacerlo”.
“Somos la única especie capaz de tener un comportamiento tan cruel y tan destructivo contra nuestros congéneres. Lo específico de la tortura sofisticada es que es estudiada con la misma inteligencia y con el mismo cuidado que la cirugía cardíaca, que la virología o cualquier saber extra especializado”.
Marcelo Viñar
