Este miércoles 31 de julio a las 15:00, en el «Salón de Honor» de la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia, se realizará la Mesa redonda: “Juntos Contra la Tortura, por una Ley Integral”. El evento es abierto a la población en general.
El Proyecto PL N°080/2023-2024 C.S. “Ley integral para prevenir, investigar, sancionar y reparar la tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes” es impulsado por el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) con el apoyo de la Coalición Ciudadana Contra la Tortura (CCCT) y cuenta con el respaldo de la Cámara de Senadores. De hecho, fue presentado por el Senador Andrónico Rodríguez, en sesión del 19 de diciembre de 2023. Desde esa fecha se está trabajando en mesas técnicas con el Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social a la cabeza de la Senadora Andrea Barrientos, donde participan la sociedad civil, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y se cuenta con el apoyo de organismos internacionales (Asociación de Prevención de la Tortura, Consejo Internacional de Rehabilitación para las Víctimas de la Tortura, Organización Mundial Contra la Tortura).
El proyecto de ley plantea cuatro dimensiones que establecen una serie de medidas y reformas que el Estado boliviano debe promover:
- Prevención. Plantea la creación de planes y estrategias para promover la participación de organizaciones civiles, la implementación de campañas de comunicación, la formación en entidades del Estado, así como la disposición de personal especializado para víctimas, y el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
- Investigación. Establece los canales de denuncia a través de entidades estatales y la debida diligencia de los funcionarios para investigar dichas denuncias, así como la protección de víctimas y testigos. Para ello, es fundamental la formación de fiscales y profesionales que realicen la investigación de acuerdo a estándares internacionales, así como la posibilidad de contar con peritos independientes.
- Sanción. Instituye penas severas para los delitos de tortura, con agravantes para víctimas en situación de vulnerabilidad, así como la sanción para funcionarios involucrados en actos de tortura y para aquellos que no la denuncien. También plantea la imprescriptibilidad de estos hechos.
- Reparación. Establece que el Estado debe proporcionar a las víctimas, reparaciones adecuadas y oportunas por los daños sufridos, a través de un enfoque de rehabilitación integral que contemple la atención médica, psicológica, jurídica y económica a las personas afectadas.
Bolivia, julio de 2024
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