En Bolivia, más de la mitad (58,5%) de la población carcelaria está privada de libertad bajo la modalidad de detención preventiva. Esta situación conlleva un severo caso de hacinamiento que se suma a otros factores que afectan los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Gracias a la iniciativa del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el Instituto de Terapia es Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), en representación de la Coalición Ciudadana Contra la Tortura y todas las Organizaciones de la Sociedad Civil que conforman la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, suscribieron un documento que propone una serie de medidas para paliar esta situación crítica a corto y mediano plazo.
Estas medidas que requieren una atención urgente por parte de Régimen Penitenciario, se sustentan en estadísticas contundentes. Desde 2020, la población carcelaria se ha incrementado un 86%:
Los puntos centrales de las propuesta consisten en:
- Conceder amnistía e indulto a casos de delitos menores que, tomen en cuenta alternativas a la prisión preventiva, con excepción de aquellas personas privadas de libertad que hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos y otros tipos de delitos graves.
- Aprobar el Proyecto de Ley N° 358/2022-2023, para el “Uso, Control y Funcionamiento Técnico del Dispositivo Electrónico de Vigilancia” que abre la posibilidad de aplicar la medida cautelar de vigilancia de una persona imputada, mediante un dispositivo electrónico de seguimiento”.
- Discutir aspectos normativos relacionados con la Ley 1008 (Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas). De hecho, de acuerdo con los datos de Régimen Penitenciario, el 60% de las mujeres privadas de libertad están procesadas por delitos sancionados por esta ley. Un ejemplo concreto que se pide evaluar, es que se despenalice la portación de pequeñas dosis de mariguana, que en muchos casos es utilizada para fines medicinales.
- Evaluar acciones alternativas a la prisión preventiva para casos de personas privadas de libertad con diagnósticos de salud mental o que tienen una edad avanzada.
Aunque estas medidas tienen como objetivo concreto reducir el hacinamiento ligado al abuso de la detención preventiva, también reflexiona sobre otras problemáticas que impactan en la población privada de libertad, por ejemplo:
- La falta de recursos para asegurar el prediario de alimentación, que actualmente es de Bs 8, pero que en algunos casos se ha denunciado que no fue entregado o que es reducido arbitrariamente a Bs 5, como fue denunciado por los hombres privados de libertad en la Cárcel de San Pedro en 2024.
- La dificultad de crear programas adecuados para la reinserción social.
- La falta de oferta educativa y de trabajo.
- Los obstáculos de acceso a la salud, particularmente, a la salud mental. De hecho, el ITEI ha trabajado brindando rehabilitación psicológica en varios centros penitenciarios del país, aunque ahora, su entrada para este trabajo ha sido obstruida por algunas autoridades del sistema penitenciario.
Emma Bolshia Bravo Cladera, directora del ITEI, explica la severidad de las secuelas que se derivan de la detención preventiva, ya que esta experiencia conlleva una serie de sufrimientos físicos, psicológicos, biológicos, sexuales e incluso sociales, como lo es la estigmatización: “Una marca que nunca se va a borrar”.
Puntualmente, en muchos casos, la estigmatización ocurre a partir de que el derecho a la presunción de inocencia es violado y la identidad de personas detenidas es expuesta a los medios de comunicación. Esto, sumado a la inexistencia de una investigación exhaustiva por parte de las fuerzas del orden y los operadores de justicia, es solo el principio de una serie de violencias sistemáticas que develan que la cárcel se constituye en un “entorno torturante”, como menciona el especialista Pau Pérez-Sales.
Una cárcel, por naturaleza, provoca de manera intencional un sufrimiento físico y psicológico severo que es ejercido por actores estatales o que ejercen funciones delegadas del Estado. Según Emma Bolshia Bravo, esto se debe a que, no solo en Bolivia, sino que, en todo el mundo, existe una política carcelaria que tiene una mirada binaria, donde los buenos están libres y los malos en la cárcel y ellos, “no merecen nada”.
Por eso, este tipo de propuestas son fundamentales para reafirmar que los derechos humanos de las personas privadas de libertad también deben ser respetados.
Para conocer más en profundidad este importante aporte de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Bolivia y varias reflexiones entorno a esta problemática, les invitamos a escuchar la siguiente entrevista realizada a Emma Bolshia Bravo:
Esta propuesta se realizó días previos a que se llevara a cabo el Consejo de Régimen Penitenciario los días 20 y 21 de marzo. Según la Agencia Boliviana de Información, el 26 de marzo el presidente del Estado, Luis Arce, promulgó el Decreto Presidencial 5137 de Amnistía e Indulto por razones humanitarias “a las poblaciones con mayor riesgo, principalmente los adultos mayores, enfermos terminales, personas con discapacidad y mujeres embarazadas; tomando en cuenta, a su vez, la gravedad del delito penal”. Aunque esta fue una de las medidas planteadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, es fundamental que el Estado tome en cuenta el resto de medidas que pretenden abordar problemas más estructurales del sistema de justicia penal a mediano y largo plazo.
Varios estándares internacionales promueven el uso de alternativas al encarcelamiento para reducir la sobrepoblación carcelaria y prevenir la tortura y otros tratos inhumanos, incluyendo aquellos derivados de condiciones penitenciarias inadecuadas:
- Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984).
- Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (ONU, 1988)
- Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio, 1990)
- Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (CIDH, 2008)
- Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres (Reglas de Bangkok, 2010)
- Manual Sobre Estrategias Para Reducir el Hacinamiento en las prisiones.
(La fotografía utilizada de la cabecera de este artículo es de autoría de la Agencia de Noticias EFE).