A la cabeza de la Diputada Betty Yañiquez, el 12 de septiembre la Comisión aprobó el proyecto de Ley para prevenir, investigar, sancionar y reparar la tortura, así como las penas crueles, inhumanas y degradantes. El siguiente paso es su tratamiento en el pleno de la Asamblea en Diputados, para su aprobación definitiva.
Los esfuerzos para que Bolivia cuente con una ley contra la tortura son liderados desde la Sociedad Civil por el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado y la Coalición Ciudadana Contra la Tortura. También se cuenta con el apoyo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Tortura, el Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctima de la Tortura y Sir[a] Centro de Atención a Víctimas de Malos Tratos y Tortura.
En diciembre de 2023, el Senador Andrónico Rodríguez presentó el proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa y contó con el apoyo tanto del oficialismo como de la oposición y en 2024 fue aprobado por la Cámara de Senadores. En la memoria “Juntos Contra la Tortura, Por una Ley Integral” se refleja el compromiso de diferentes actores sociales que analizaron la problemática de la tortura en Bolivia desde diferentes posiciones y perspectivas.
Para contextualizar la necesidad urgente de la aprobación de esta normativa, se presentaron ante la Comisión los siguientes datos:
- Hasta 2022, el ITEI ha atendido a más de 1266 víctimas de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que han ocurrido – y continúan ocurriendo- en el marco de gobiernos democráticos de Bolivia. Además, ha acompañado 567 casos que datan de hechos ocurridos en 1952 hasta la época de los gobiernos dictatoriales. Por supuesto, estos números no reflejan la totalidad de víctimas, que nunca denunciaron.
- Los costos de la tortura son devastadores para: la sociedad, el sistema judicial, los servicios de salud y educación, los organismos de seguridad, así como para la reputación de los gobiernos y para la economía nacional. En 2023, dos fallos emitidos por la Corte IDH han determinado que el Estado boliviano debe pagar una indemnización que asciende a $us1.149.955, por dos casos en los que se violaron los DDHH de varias personas: “Valencia Campos y Otros Vs. Bolivia” y “Flores Bedregal y otras Vs Bolivia”.
- Los casos de tortura pueden ocurrir en todas las etapas en que las personas tienen algún contacto con la policía o los servicios de seguridad, desde la puesta bajo custodia, hasta el final del período de detención, en prisión, o bajo tutela de cualquier institución estatal. Por lo que, todas las personas pueden ser víctimas en algún momento de su vida.
🔎 Lee el proyecto de Ley para prevenir, investigar, sancionar y reparar la tortura, así como las penas crueles, inhumanas y degradantes en el siguiente enlace: