En el acto de conmemoración de los 77° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Emma Bolshia Bravo Cladera, Directora ejecutiva del ITEI destacó que, en el contexto actual, los organismos nacionales de Derechos Humanos tienen un papel fundamental en garantizar el Estado de derecho, aportando en la prevención de las violaciones y brindando acompañamiento profesional a las víctimas. Asimismo, afirmó la importancia de que estas organizaciones fiscalicen objetiva e independientemente los actos gubernamentales que puedan tener consecuencias negativas para la plena vigencia de los derechos humanos.
En este importante evento se compartió la Declaración de la Sociedad Civil, en la que el ITEI participó junto a Fundación Construir, Comunidad de Derechos Humanos, ADESPROC Libertad, CLADEM Bolivia, Libertades Laicas y Coordinadora de la Mujer describiendo la situación de derechos humanos en Bolivia y exigiendo acciones concretas para su defensa y promoción.
Para reafirmar su compromiso y visibilizar el esfuerzo de numerosas personas comprometidas con las causas que promueven, cada organización entregó reconocimientos a defensores y defensoras de Derechos Humanos en Bolivia.
El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado rinde homenaje a las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba otorgándoles este reconocimiento, por su papel fundamental en su exigencia perseverante por acceso a la justicia, transparencia, legalidad y debido proceso que nos ha permitido vislumbrar el camino hacia un pleno estado de derecho.
También, para que no se olvide, en este momento que recorren nuestro continente tendencias negacionistas, recuperar la memoria histórica de las luchas sociales en Bolivia es un deber.
Recuperando en ustedes compañeros y compañeras de Senkata y Sacaba, el protagonismo de las personas y los pueblos, la capacidad de resiliencia, de resistencia y de lucha a pesar de siglos de colonización, despojo, racismo y violencia. Ustedes no solo han sobrevivido, no ha sido un aguantar pasivo sino una paciencia estratégica, una manera de resistir con dignidad. Han colaborado a las investigaciones, con sus testimonios, han realizado encuentros con organismos internacionales, han protagonizado vigilias durmiendo en plena calle, plantones, marchas a pie desde Caracollo hasta La Paz, han esperado el momento adecuado para presentar al gobierno formas adecuadas de reparación integral aún en medio de la adversidad.
En esta su lucha radica una de las mayores fuentes de inspiración: en esa fuerza tejida a lo largo de generaciones de luchadoras y luchadores sociales, que nos muestra que es posible sostener la esperanza y continuar la lucha por justicia contra la impunidad.
Entrega de reconocimiento a la Asociación de Víctimas de la Masacre de Sacaba
«La recuperación de la memoria histórica es también la recuperación de la justeza de las luchas sociales. La lucha de ustedes ha sido justa, sin embargo, lo conseguido no excluye lo que falta. Entonces, a seguir luchando por verdad, justicia y reparación. El ITEI seguirá acompañándolos en ese camino».
Palabras de Emma Bolshia Bravo Cladera, Directora Ejecutiva del ITEI al hacer entrega del reconocimiento a Shirley Jucumari representante de la Asociación de Victimas de la masacre de Sacaba, Cochabamba.
Entrega de reconocimiento a la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata
«Para nosotros este reconocimiento es reconocer la perseverancia de su lucha para que se haga justicia, que no quede en la impunidad frente a una justicia que se niega a tratar los casos que enfrentan al Estado como actos de tortura y malos tratos contra la población civil.«
Palabras de Andrés Gautier, Responsable del área biosocioterapéutica del ITEI, al hacer entrega del reconocimiento a Jorge Mayta Cachaga, representante de la Asociación de Victimas de la masacre de Senkata.
Declaración del ITEI
Hoy conmemoramos el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el primer instrumento internacional que prohíbe de manera absoluta la tortura. Su artículo 5 establece con claridad: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Sin embargo, pese a esta prohibición categórica, la tortura continúa siendo una práctica persistente en muchos países del mundo, y Bolivia no es una excepción.
En el imaginario colectivo, la tortura suele asociarse exclusivamente a regímenes dictatoriales. No obstante, la experiencia demuestra que esta práctica ha trascendido los contextos represivos y se ha instalado también bajo gobiernos constitucionalmente elegidos. Además, la tortura se caracteriza por su sistemática invisibilización, ya sea que ocurra en contextos de crisis política o en escenarios institucionales aparentemente normales.
Frente a esta negación, los datos aportan evidencias concretas de su persistencia en Bolivia. El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Política (ITEI) ha acompañado en procesos de rehabilitación a más de 1.833 víctimas directas de tortura, sin contar a sus entornos familiares y comunitarios. Estas personas han sufrido tortura física, psicológica, biológica y sexual en recintos policiales, militares y centros penitenciarios. Asimismo, se ha evidenciado que en el país se continúa obteniendo información y confesiones mediante tortura, vulnerando gravemente el debido proceso, cuando la investigación penal debería basarse en métodos científicos y legales.
El Estado boliviano reconoce de manera limitada y parcial su deuda con las víctimas de tortura, tanto con quienes sobrevivieron a las dictaduras como con aquellas personas que han sido torturadas en periodos más recientes, durante detenciones, bajo custodia de fuerzas de seguridad o como resultado de procesos de criminalización vinculados a su etnia, creencias, género, orientación sexual o condición social.
La impunidad sigue siendo una constante. Los responsables de las masacres de Sacaba y Senkata, así como de otros hechos de violencia ocurridos durante y después del conflicto de 2019, no han sido sancionados. Casos emblemáticos como el de Marco Antonio Aramayo permanecen sin una investigación adecuada. Juan Bascopé, detenido y torturado desde 2014 en el denominado caso Apolo, continúa luchando por justicia. Victor Boggiano, pese a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena su liberación debido a que fue condenado a partir de una confesión obtenida bajo tortura, continúa privado de libertad y sin acceso a la atención médica especializada que requiere.
Bolivia aún no cuenta con una ley integral contra la tortura. Resulta urgente retomar el tratamiento del proyecto de ley integral contra la tortura, cuya aprobación es una de las principales recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU). Esta norma debe tipificar la tortura conforme a los estándares internacionales y establecer obligaciones claras para su prevención, investigación, sanción y reparación.
Una hoja de ruta concreta es la implementación de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de 2019, que aportan lineamientos fundamentales en materia de atención a víctimas, garantías de no repetición y rendición de cuentas del Estado. En ese marco, se exigen: investigaciones independientes y diligentes con protección a víctimas y testigos; programas públicos y sostenidos de atención médica, psicológica y social; mecanismos de reparación integral que restituyan derechos y garanticen la verdad; y reformas institucionales con formación obligatoria en derechos humanos para las fuerzas de seguridad y el funcionario público.
En este contexto, los organismos nacionales de derechos humanos desempeñan un papel esencial en la protección del Estado de derecho, siempre que actúen con plena independencia del poder político. Desde la sociedad civil boliviana se exige al Estado adoptar medidas eficaces para prevenir, investigar y sancionar la tortura, ya que, pese a reiteradas recomendaciones internacionales, persiste un patrón de graves violaciones a los derechos humanos que continúan en la impunidad.
La conmemoración contó con la participación de Warmi Tambor, un proyecto musical de La Paz, Bolivia, conformado por mujeres percusionistas que investigan la sonoridad de diferentes culturas del mundo. Su intervención convirtió este espacio de conmemoración en un momento de celebración y de reivindicación.