“La brutalidad policial y la represión estatal han cegado miles de ojos”. Esta frase forma parte de la declaración política de organizaciones sociales, personas defensoras de derechos humanos, actores políticos y sobrevivientes de violencia ocular de distintos países.
Todos ellos participaron en el “Primer Encuentro Internacional de Sobrevivientes de Violencia Ocular”, realizado en Bogotá en el mes de marzo, donde personas de Colombia, España, Perú, Chile, Brasil, Argentina, Irlanda, Bangladesh, Bolivia, Estados Unidos e Inglaterra nombraron esta problemática que merece ser puesta en la agenda pública de estos países.
El ITEI estuvo presente en este evento internacional a través de la participación de Daniel Manrique, un sobreviviente de violencia ocular que fue herido durante los hechos conocidos en Bolivia como Febrero Negro, y a quien acompañó en un periodo de su proceso de rehabilitación física y psicológica.
Febrero negro
“Balacera entre policías y militares”, es el título del reporte de la atención a emergencias que brindó el Servicio Departamental de Salud de la Prefectura de La Paz durante este conflicto social que ocurrió en la Plaza Murillo los días 12 y 13 de febrero de 2003. En dicho documento se registró a 198 personas con todo tipo de heridas provocadas por balas y gases lacrimógenos. El nombre de Daniel Manrique aparece en ese informe en el que se señala el diagnóstico de trauma ocular.
Hoy, 23 años después, él sigue viviendo las secuelas de una bala —disparada por un francotirador— que ingresó por su ceja, destruyó su ojo izquierdo, fracturó el pómulo y el piso de la órbita, y salió por la quijada tras impactar varias piezas dentales.
Aquel día, él brindaba un servicio a la comunidad como bombero voluntario. Se había acercado a la Plaza Murillo para ayudar a las personas afectadas por los gases lacrimógenos que se lanzaban en medio de los enfrentamientos.
Por su condición de voluntario en ese entonces se le negó la posibilidad de que su rehabilitación sea cubierta por el seguro previsto para un policía en funciones. En ese mismo año, el Estado —aún gobernado por Gonzalo Sánchez de Lozada— le brindó una indemnización única de $4000, pero la rehabilitación de sus heridas requería muchos más recursos. Estos llegaron a través de la Asociación Internacional de Servicios contra Incendios, una institución francesa que cubrió todo lo necesario para la cirugía reconstructiva.
Daniel tenía 24 años cuando fue víctima de este ataque. Han pasado más de dos décadas y sigue viviendo con secuelas físicas: un dolor constante en el rostro y parte de la cabeza, pérdida de audición y tinnitus. Además, presenta crisis convulsivas. El tratamiento para controlar el dolor, así como los medicamentos que necesita, son permanentes y deben ser costeados por él mismo.
En los primeros años después de la agresión vivida solo podía dormir 30 minutos; despertaba constantemente con la sensación de que lo estaban buscando, de que lo perseguían para matarlo.
Aunque en su camino de rehabilitación se desarrolló laboralmente y formó una familia, se sigue enfrentando a la reacción de las personas que, al verlo, relacionan su lesión ocular con una amenaza, es decir, sobre él recae el estigma de la criminalización. Y es esta una de las experiencias compartidas con los jóvenes de otros países que se agrupan para nombrar la sistematicidad de la violencia ocular por parte de las fuerzas del orden y la impunidad que se ha hecho presente en sus casos cuando son las propias autoridades quienes los nombran ante la sociedad como criminales, cuando solo estaban ejerciendo su derechos a la protesta o como, en el caso de Daniel, simplemente estaban «en el momento y lugar equivocado».
Mirar, resistir, transformar
Organizaciones como CIIVO (Centro de Investigación Internacional de Violencia Ocular- Chile), MOCAO (Movimiento en Resistencia Contra las Agresiones Oculares del Esmad[1]– Colombia), CINTRAS (Centro de Salud Mental y Derechos Humanos), Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de Tortura (IRCT con sede en Dinamarca), junto al ITEI (Bolivia), han comenzado a articular esfuerzos.
Su objetivo común es: “identificar, documentar y denunciar las violencias estatales que afectan la integridad visual de personas en contextos de protesta, detención y control público”.
Esta necesidad responde a que, en contextos de represión de manifestaciones sociales, se ha extendido el uso de armas catalogadas como “no letales” o de “letalidad reducida” como balas de goma, perdigones, gases lacrimógenos y bombas aturdidoras, que son sistemáticamente dirigidas al rostro. Este uso inadecuado las convierte en dispositivos potencialmente mortales o, que dejan efectos biopsicosociales severos, que en muchos casos han conducido al suicidio de varias víctimas.
En ese sentido, la retórica de la “no letalidad” encubre la gravedad de las secuelas que estas pueden dejar en la integridad de las personas, una marca visible que afecta su relación consigo mismos y con la sociedad en que se desarrollan. También reduce la responsabilidad que los Estados tienen a la hora de documentar e investigar estos casos, la reparación que merecen sus sobrevivientes y la eliminación de estos métodos de control y disciplinamiento.
Gracias a este mismo discurso, muchas de las víctimas no denuncian sus casos y el Estado no hace seguimiento porque ni siquiera cuentan con registros oficiales.
Por eso, asumimos el compromiso de crear este registro.
Nombrar estos casos no es solo una tarea técnica: es una forma de romper el silencio, disputar la impunidad y abrir caminos hacia la reparación de forma colectiva.
Si vives en Bolivia y eres —o conoces a alguien— que ha sido víctima de trauma ocular en contextos de conflicto social, ponte en contacto con el ITEI. La confidencialidad es uno de nuestros principios hacia las víctimas que acompañamos.
¡Ponte en contacto a través de cualquiera de estos canales!
✆WhatsApp: (+591) 73037473
☎Teléfono fijo: 2154094
📩Correo electrónico: administracion@itei.org.bo
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[1] Escuadrón Móvil Antidisturbios, Unidad de la Policía Nacional de Colombia, creada en 1999 para el control de disturbios y manifestaciones.