PRONUNCIAMIENTO

EXIGIMOS RESPUESTAS INMEDIATAS Y ATENCIÓN URGENTE AL PROCESO DE ELECCIÓN JUDICIAL EN BOLIVIA

Las redes, organizaciones, colectivos, asociaciones, grupos y activistas de la sociedad civil organizada que firman el presente pronunciamiento desde hace varios meses venimos monitoreando con preocupación las diversas omisiones y barreras que han impedido llevar adelante la convocatoria para la selección de postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, lamentando que, a pesar de los riesgos que tales demoras implican para el Estado de Derecho, a la fecha no hayan existido respuestas oportunas, voluntad política y la priorización debida a este caso.

Debemos recordar que la Constitución Política del Estado (Arts. 182.I, 188.I, 194.I y 198) contempla a la elección judicial, por voto popular, como la única vía para la selección de las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y Tribunal Constitucional Plurinacional, no existiendo ninguna posibilidad de prórroga en su mandato, o designación de otras autoridades por alguno de los Órganos del Estado, siendo ambas posibilidades inconstitucionales.

Desde el mes de marzo de 2023, el proceso ha sido suspendido por diversos motivos que ya han sido transmitidos a la opinión pública, atribuibles tanto a las posiciones político – partidarias encontradas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como a la omisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de dar respuesta pronta y oportuna a las acciones y consultas realizadas por diversos actores a esté órgano.

Actualmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha admitido la Consulta Previa de Control de Constitucionalidad sobre el PL C.S. N° 144/2022 – 2023 “Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2023”, presentado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y desde el 29 de septiembre de 2023, momento de la admisión, tiene el plazo de cuarenta y cinco (45) días para pronunciarse. Sin embargo, el TCP debería adoptar esta decisión inmediatamente, ya que se trata de una prioridad nacional, debido a que estamos a menos de tres meses de que expire el mandato de las actuales autoridades (31 de diciembre).

Ante la imposibilidad de llevar adelante las elecciones este año, es un hecho que a partir del 2 de enero de 2024 estaremos en un escenario de acefalía de los cargos de las autoridades de las altas magistraturas del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, por lo que esta situación ya ha generado un grave daño al Estado de Derecho, a la estabilidad del país y a los derechos de toda la población boliviana.

El contexto se complejizaría aún más si alguno de los Órganos del Estado e incluso el propio Tribunal Constitucional Plurinacional definiese avalar alguna forma de selección y designación distinta a la establecida por la Constitución Política del Estado, ya que ni siquiera el máximo intérprete de la norma fundamental puede modificar la modalidad del proceso de selección de altas autoridades judiciales, pues ello solo puede hacerse a través de una reforma constitucional, como establece el art. 411 de la CPE.

Por todo lo expuesto, la sociedad civil organizada exige a las autoridades cumplir con el deber de resguardar el Estado de Derecho y responder a esta crisis sin precedentes, garantizando certidumbre sobre los comicios judiciales, protegiendo los derechos de la población frente al acceso a una justicia independiente e imparcial.

En ese orden las redes, organizaciones, colectivos y activistas firmantes:

EXIGIMOS al Tribunal Constitucional Plurinacional asignar un tratamiento prioritario a la Consulta de Control Previo de Inconstitucionalidad sobre el PL C.S. N° 144/2022 – 2023 “Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2023”, emitiendo en el fallo dentro de los próximos días para que la Asamblea Legislativa Plurinacional pueda aprobar la Ley dentro del periodo legislativo, y, llevar lo antes posible la preselección de postulantes en un proceso de calidad, sustentado en principios de idoneidad, transparencia, publicidad y selección basada en méritos, demostrando de esta manera su compromiso con la sociedad boliviana y cumpliendo con el deber de constituirse en el guardián del Estado de Derecho. Para tal fin deberá priorizar y reducir plazos en el tratamiento de estos recursos, lo cual, es posible de acuerdo a la cultura jurídica que ha tenido el Tribunal Constitucional durante los (24) veinticuatro años de jurisdicción constitucional y también es un deber de las actuales autoridades con la población.

EXHORTAMOS a la Asamblea Legislativa Plurinacional, y en especial, a los partidos políticos, a cumplir su obligación democrática, propiciando consensos para viabilizar la aprobación de la Ley, llevar adelante la preselección y entregar la lista de postulantes al Órgano Electoral Plurinacional durante la gestión 2023. Son directos responsables de la institucionalidad democrática.

REITERAMOS nuestro pedido de que las fuerzas políticas del país asuman la transformación de la justicia como una prioridad nacional, depongan intereses partidarios y lleguen a un acuerdo nacional para impulsar los cambios que requiere la justicia, entre ellos la elección de magistrados/as y consejeros/as como un paso fundamental para recuperar la independencia de las entidades de justicia y la confianza ciudadana en el sistema.

INSTITUCIONES

Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos – Comunidad de Derechos Humanos

– IGUAL – Fundación CONSTRUIR – Fundación para el Debido Proceso – CLADEM Bolivia – Oficina Jurídica para la Mujer – Mano DIVERSA – ADESPROC – Observatorio LGBTIQ+ – Católicas por el Derecho a Decidir – Casa de la Mujer – Alianza por la Solidaridad – Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza -– Coordinadora de la Mujer – Angirü Bolivia – Colectivo Plurales – Fundación IVI MARAEI – Red HABITAT – Colectivo TLGB de Tarija – Asociación con Alas Propias – Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (APNB)

– Colectivo SALVAGINAS – ONG Realidades – Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia (OTN-B) – Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos – CIBERWARMIS – ProgettoMondo MLAL – Libertades Laicas Bolivia – Fundación Esperanza, Desarrollo y Dignidad (FEDDIG) – Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres – Veeduría Ciudadana para la Preselección de Jueces – Centro Juana Azurduy – ITEI – Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia – Fundación TUTATOR – Centro de Promoción y Salud Integral (CEPROSI) – Confraternidad Carcelaria Cochabamba – Fundación Jubileo.

PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

Marco Antonio Mendoza C.I. 1662064 TJ – Ana Paola García Villagómez C.I. 5858328 SCZ – María Esther Nacho C.I. 6176002 LP – Willmer Marcelo Galarza Mendoza 2603882 LP – Ninoska Flores 5203284 CBA – Erika Camacho Guzmán C.I. 3589640-1C CBA – Ana María de la Fuente C.I. 829740 CBA – Rosaly Ledezma C.I. 3497998 LP – María Elena Attard C.I. 4016979 PT – Jimena Freitas Ocampo C.I. 488361 LP